Dos subcomisarios de la Policía Federal fueron detenidos y otro estaba siendo buscado, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pedido de coimas a comerciantes y a cuidacoches por parte de ex integrantes de la comisaría 35, en el barrio porteño de Núñez, informaron fuentes judiciales.
Las órdenes de captura fueron dictadas por el juez de instrucción porteño Ricardo Farías tras un pedido del fiscal José María Campagnoli, quien amplió la investigación en la que ya están procesados otros cuatro policías por “asociación ilícita”.
Farías dispuso ayer la detención de los subcomisarios Marcelo Stefaneti, que actualmente se desempeñaba en la División Comando y Control del 911; Hernán Kovasevich, de la División Antidrogas Especiales y de Alberto Codaro, cuyo destino no fue informado.
Tras allanamientos en sus domicilios y sus lugares de trabajo, se logró apresar a Stefaneti y a Kovasevick, en tanto que Codaro continuaba siendo buscado esta tarde.
Según surge del expediente, los integrantes de la brigada de la seccional 35, por orden del comisario Norberto Villareal, cobraban dinero a comerciantes y a empresarios de Núñez y de Saavedra a cambio de “seguridad privilegiada” y también extorsionaban a “trapitos”.
Por ese motivo, el juez detuvo y luego procesó con prisión preventiva en noviembre último al sargento primero Adrián Otero, al cabo Alejandro Malfetano, al sargento Sergio Ríos y al suboficial escribiente Marciano Quiroga por “asociación ilícita”, mientras que el comisario Villareal todavía continúa prófugo.
Para el juez Farías, todos los policías “organizaron una asociación que funcionaba paralelamente a la estructura de la seccional 35, con jurisdicción en los barrios de Núñez y Saavedra, para llevar adelante una pluralidad de planes delictivos con el objeto de percibir dinero indebidamente”.
“El comisario Villarreal, de momento prófugo, habría tenido un rol protagónico en esta organización ilícita, pues ejercía el mando sobre los restantes miembros de la asociación, de quienes recibía obediencia”, sostuvo el juez en aquella resolución.
Entre las pruebas principales contra los uniformados, se encuentra documentación secuestrada en varios comercios de la zona como comprobantes de aportes a la
“Asociación Amigos de la Comisaría 35”, que habría sido una de las formas de canalizar las coimas.
En la resolución, Ríos y Quiroga fueron señalados como los “cobradores” y en uno de los allanamientos a la comisaría se secuestró un cuaderno en el que aparentemente estaba asignada en forma disimulada la cantidad de dinero que se repartían entre los policías.
