La asociación Justicia Legítima manifestó su rechazo al proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, impulsad por el Poder Ejecutivo.
Según afirman, “tiene el único propósito de remover de sus funciones a la actual Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó”.
Para lograr ese objetivo “se ponen en crisis pilares fundamentales del Estado de Derecho, concretamente la independencia de los fiscales, que es sin duda garantía del justiciable y de la sociedad toda”, agregan.
“Un MPF conducido en la práctica promiscuamente con el poder político de turno se contradice con el art. 120 de la Constitución Nacional, que claramente desde su letra y espíritu pretende blindar su independencia. Está fuera de discusión la posición institucional que le dio el constituyente del ´94, y en consecuencia, cualquier modificación que altere su ubicación es indudablemente inconstitucional”, explican.
Y concluyen: “Lo que está en juego es el Estado de Derecho y no hay ninguna posibilidad de cambiarlo de lugar sin quebrantar antes el mandato constitucional. El rol que el proyecto confiere a la Comisión Bicameral en la ley en debate es casi hegemónico: o conduce -compartiendo funciones con el Procurador- o veta. Esto es, lisa y llanamente, un MPF diferente del que surgió de la Constitución del ´94. Es cardinal en esa reforma la independencia del Ministerio Público Fiscal y su naturaleza extraña a los otros poderes”.
