La investigación judicial del homicidio de la maestra jardinera Marisol Oyhanart, ocurrido hace un año y medio en Saladillo y todavía impune, sumó un nuevo escándalo. Ahora se apartó el fiscal que tenía a su cargo impulsar una causa paralela en la que se buscaba verificar si, como dijeron dos testigos, siete policías de las comisarías de Saladillo y Bolívar cobraron una millonaria coima para borrar las pruebas que vinculaban a un empresario con el asesinato. Ese expediente colateral al del crimen quedó paralizado.
“Mientras estaba en la seccional escuché que un empresario estanciero era amante de Marisol y que estaba vendiendo todo lo que tenía porque si no le iban a poner el celular de la víctima en su casa. También escuché que se habían depositado un millón y medio de dólares para encubrir al autor del homicidio”, había dicho uno de esos testigos ante la fiscal de La Plata Ana Medina, que tiene a su cargo el expediente por el homicidio ocurrido el 14 de abril de 2014.
Marisol había salido de su casa ese día a la tarde para hacer una caminata. Su cadáver fue hallado a la mañana siguiente en una zona de taperas que había sido rastrillada la noche anterior, cuando se buscaba a la mujer. Por este hecho no hay detenidos.
En las últimas horas, el fiscal de La Plata Álvaro Garganta se apartó del caso. Adujo que tenía una relación de amistad con una funcionaria judicial de Saladillo que fue denunciada por los abogados que representan al esposo y a los tres hijos de la maestra, de 38 años. Garganta recibió el expediente 2671-14 a fines de mayo pasado.
Héctor Vogliolo, fiscal general de La Plata, le había encargado que se hiciera cargo del sumario en el que se investigaba, por supuestas irregularidades, a una funcionaria judicial de Saladillo y a los policías que se desempeñaban en la comisaría local y en la seccional de Bolívar, y que habían intervenido en la búsqueda de Marisol y en el hallazgo del cuerpo.
Esa causa fue iniciada por el juez de Garantías César Melazo luego de que los abogados querellantes Pablo Hawlena Gianotti y Walter Vaccarini presentaron un escrito en el que describieron una serie de irregularidades que avalaban la presunción de que al menos siete policías plantaron pistas falsas para desviar la investigación hacia un imputado que nada tenía que ver con el crimen.
Esas pruebas apócrifas incluyeron la presentación de testigos que nunca reconocieron al primer acusado y la orden de suspender la búsqueda para colocar el cadáver de Marisol en el descampado en el que fue hallado, de forma tal que se involucrara a ese primer sospechoso.
La maniobra para desviar la investigación también incluyó la desaparición de elementos clave como la calza y las zapatillas que llevaba la víctima y la manipulación de pruebas, como los anteojos de Marisol.
Al advertir que no había pruebas contra el primer imputado, el juez Melazo rechazó el pedido de detención que le había hecho el Ministerio Público. La presunción del magistrado quedó confirmada cuando en la rueda de reconocimiento nadie identificó a Johnatan Bianchi como el sospechoso que supuestamente había sido visto merodeando cerca de la zona de taperas donde fue encontrado el cuerpo de Marisol.
Debido a que ninguno de los policías denunciados ni la funcionaria judicial fueron imputados en la causa por el Ministerio Público, sus identidades se mantienen en reserva, al igual que la del misterioso estanciero sospechoso del crimen.
Uno de los fundamentos de la denuncia contra la funcionaria judicial de Saladillo es que nunca ordenó la realización de peritajes para determinar con qué elemento habían sido hechas las quemaduras que los forenses hallaron en el cuerpo de la víctima, indicio de que el asesino la torturó.
Además, un grupo de peritos de la Policía Científica indicó que la calza en la que aparecían esas quemaduras y las zapatillas de la mujer habrían sido llevadas personalmente por la funcionaria judicial dentro de una bolsa de plástico negro sin cumplir con el protocolo propio de la cadena de custodia para el traslado de pruebas forenses.
Tan notoria fue esa irregularidad que la funcionaria no firmó el acta de entrega de dichas pruebas. Los peritos sí la rubricaron y dejaron constancia de la violación de la cadena de custodia y de la presencia de la funcionaria. A partir de esta declaración se inició otra causa judicial, la 7912/15.
La fiscal Medina fue la única que avanzó con la investigación del homicidio. Uno de los fundamentos para seguir adelante fue el informe del Gabinete de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de La Plata, que indicó que “el presunto autor del homicidio de Marisol fue un empresario, ex amante de la víctima”.
Este estanciero les habría pagado una suma millonaria a los siete policías para que borren los elementos que lo vinculaban con el caso, según dijeron dos testigos. A pesar de las pruebas y de los elementos que vincularon a esos siete uniformados con el encubrimiento y que fueron acumularon en la Auditoría de Asuntos Internos, nadie los procesó.
