Un primer tramo del caso de corrupción que vinculó al gigante Siemens por pago de sobornos a funcionarios argentinos va a juicio, luego que el fiscal del caso acusara a once de sus exdirectivos.
Se trató de uno de los casos de corrupción de la década del 90 y en el que para la Justicia la empresa alemana pagó coimas a funcionarios argentinos del menemismo para poder convertirse en la compañía que renovara los documentos nacional de identidad.
En los últimos días, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió que once exdirectivos de la firma vayan a juicio oral y público, algo que está evaluando el juez Ariel Lijo. No obstante, seguirán bajo investigación los funcionarios argentinos involucrados en el hecho.
El pedido es para que en un primer tramo vayan a juicio los exdirectivos Uriel Sharef, Ulrich Bock, Eberhard Reichert, Bernd Regendantz, Ernst Michael Bretchel, Luis Rodolfo Schirado, Andrés Ricardo Truppel, Ralph Kleinhempel, José Alberto Ares, Miguel Alejandro Czysch y Carlos Francisco Soriano.
Todos están acusados por cohecho activo y sobre ellos pesan embargos de hasta 500 millones de pesos. Mientras tanto, siguen bajo investigación desde el expresidente Carlos Menem, su exministro del Interior Carlos Corach y el exinterventor de Migraciones Hugo Franco, entre otros.
Es que la Sala II de la Cámara Federal, al confirmar el procesamiento de los exdirectivos de la empresa que ahora van a juicio, afirmó: “No puede perderse de vista que en uno de los documentos remitidos por Alemania se indica que los verdaderos receptores del dinero girado por Siemens a estas sociedades, habrían sido Carlos Saúl Menem, Carlos Vladimir Corach y Hugo Alberto Franco”.
Diez años después de los hechos y ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) la empresa reconoció haber pagado sobornos a funcionarios argentinos, lo que le valió una durísima multa económica.
Según se sospecha, las coimas que pagaron a funcionarios argentinos superarían los 106 millones de dólares. El contrato de 600 millones de dólares al que accedió Siemens por medio de la contratación directa para renovar los documentos de identidad fue a partir de una decisión que tomó el entonces presidente Menem. Pero bajo un marco de sospechas, a poco de asumir el presidente Fernando de la Rúa se rescindió el contrato de manera unilateral.
