El Gobierno designó como jueces de los tribunales orales federales, entre ellos a la fiscal que intervino en la causa por las coimas en el Senado y al magistrado que instruyó la causa por el homicidio de Ángeles Rawson.
Mediante el decreto 1988, el Poder Ejecutivo designó en el tribunal oral federal número siete, que aún no está en funcionamiento, al juez de instrucción penal Javier Feliciano Ríos.
Se trata del magistrado que instruyó la causa en la que fue procesado y finalmente condenado a prisión perpetua el portero Jorge Mangeri, por el crimen de la adolescente Ángeles Rawson.
Por el decreto 1990, la fiscal federal Sabrina Namer resultó designada como jueza del tribunal oral federal número ocho, que al igual que el siete todavía no comenzó a funcionar, justamente porque no tenía integrantes.
Namer es una joven fiscal de intensa actividad penal, que acusó a los supuestos responsables de las coimas en el Senado para la aprobación de una ley de flexibilización laboral, entre ellos al presidente en ese entonces, Fernando De la Rúa.
Para el mismo tribunal también fue designada la jueza penal y contravencional porteña María Gabriela López Iñiguez, quien rechazó considerar que la usurpación de terrenos del ex barrio “Papa Francisco”, en Villa Lugano, hubiera encuadrado en la figura de una “asociación ilícita”, y postergó su desalojo hasta que la Cámara del fuero revocó su fallo y dispuso despejar el lugar.
También fueron designados José Antonio Michilini, como juez del tribunal oral federal número uno; Nicolás Toselli, en el ocho; Fernando Machado Pelloni y Andrés Fabián Basso, en el siete.
Los nuevos magistrados quedaron en condiciones de asumir de inmediato y, en el caso de los tribunales siete y ocho, cumplir con un reclamo que había formulado en la apertura del “año judicial” el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en un intento de respuesta a las críticas de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por la lentitud en resolver causas.
Todos los decretos de designaciones de los nuevos jueces fueron firmados por la presidenta de la Nación y por el ministro de Justicia, Julio Alak.
