Fuente La Nación
Héctor Jairo Saldarriaga Perdomo fue acribillado de siete balazos en abril de 2012, en Barrio Norte. No se trató de un crimen común. Fue una venganza del narcotráfico. La víctima tenía un pasado como guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y jefe de sicarios de un poderoso cartel de drogas. Alguien ordenó su ejecución. Ayer, el Ministerio Público Fiscal pidió la pena de prisión perpetua para el único acusado del homicidio, un joven argentino de 24 años.
La fiscal Mónica Cuñarro calificó a Jonathan Aristimuño, con antecedentes penales por robo y homicidio, como un “sicario” y sostuvo que a cambio de ejecutar el crimen encargado recibió como pago una moto tipo enduro, secuestrada el día del asesinato.
Así lo sostuvo la representante del Ministerio Público durante su alegato de ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal porteño N° 1, a cargo del juicio por el homicidio vinculado al narcotráfico.
Después de Cuñarro, fue el turno de la defensora oficial Verónica Blanco, que hizo una férrea defensa de Aristimuño ante los jueces Martín Vázquez Acuña, Luis Salas y Alberto Huarte Petite al afirmar en su alegato que el acusado sólo prestó su nombre a cambio de 1000 pesos para que los ideólogos del ajuste de cuentas compren una moto tipo enduro que utilizó el sicario.
Blanco hizo duras críticas a los detectives judiciales y policiales que participaron en el expediente del asesinato de Saldarriaga Perdomo porque no investigaron a fondo. También sostuvo que la ex Secretaría de Inteligencia (SI) no colaboró con los pesquisas de la División Homicidios de la Policía Federal, y pidió que su defendido sea absuelto de la acusación de homicidio agravado por “precio o promesa remuneratoria”.
Aristimuño, vestido de jeans y campera gris, escuchó impasible los alegatos. Sólo se movió para leer, por momentos, las fojas del expediente que había apoyado sobre su escritorio la defensora oficial.
El acusado vivió hasta ser detenido en villa Tranquila, en una zona humilde de Avellaneda. En la etapa de instrucción (en el juicio no declaró), dijo no tener trabajo y que pedía dinero en la calle, y contó que su pareja y madre de sus hijos cobraba un plan social.
Cuando Aristimuño fue vinculado al homicidio de Saldarriaga Perdomo, ya estaba detenido, pero por el asesinato de un vecino de villa Tranquila que se resistió a un robo.
La fiscal Cuñarro y la defensora oficial Blanco sí coincidieron en la hipótesis de que detrás del homicidio de Saldarriaga Perdomo, conocido por su alias de “Guarijo” o “Mojarro”, estaba el poder y la violencia del narcotráfico.
La representante del Ministerio Público recordó que en una reciente sentencia el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N° 2 condenó a cuatro personas en una causa por tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
Cuñarro afirmó que una de las personas condenadas en ese expediente judicial era testaferro de “Mojarro” Saldarriaga Perdomo, que, según la investigación de la Prefectura Naval, había armado una banda para traficar desde la Argentina cocaína a Europa y que dos cargamentos de droga habrían salido al país antes de que los investigadores decomisaran 114 kilos de ese estupefaciente en el puerto de Buenos Aires.
La defensora oficial Blanco fundamentó su hipótesis en la importancia criminal de la víctima, que contaba con formación militar. “¿Nos quieren hacer creer que para asesinar a un importante sicario contrataron a un pobre pibe de villa Tranquila?”, sostuvo.
El 26 de este mes será el TOC N° 1, el que decidirá si Aristimuño es culpable o inocente.
