Así quedó el entrepiso del boliche. Archivo
17/08/2012 : 18:11 :
Los funcionarios y ex del Gobierno de la Ciudad imputados en la causa por el derrumbe en el boliche Beara en septiembre de 2010 que provocara dos jóvenes muertas, siguen sorteando la investigación a raíz que en las últimas semanas la jueza del caso desestimó un nuevo pedido de indagatoria hacia ellos, según informaron fuentes judiciales a Online-911.
Fuentes del caso indicaron que la jueza Alicia Iermini desestimó un nuevo pedido de las querellas y la fiscalía a cargo de Andrés Madrea para indagar a los funcionarios: se trata de Martín Farrell, ex Director General de Habilitaciones y Permisos; Norberto Casano, jefe del Departamento de Esparcimiento; Pablo Seicuscas, director de Habilitaciones Especiales; Carlos Mustapich, quien habría dado la habilitación del local, y de Gustavo Amaru, maestro mayor de obras.
En la causa sólo están procesados y camino a juicio oral los dueños que explotaban el lugar, el cual no estaba habilitado como local bailable pero se comprobó que se vendían entradas y funcionaba como tal. Estos son Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Kattan Coria, Iván y Ronaldo Flies y Maximiliano Frattini, integrantes de “El Viejo Sabio S.A”, la sociedad que tenía a cargo la explotación del local ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, de esta Ciudad.
El hecho ocurrió el 10 de septiembre de 2010 cuando se derrumbó el piso vip del local, el cual cayó sobre las jóvenes Ariana Lizarraga y Leticia Provedo, quienes fallecieron por el hecho.
En varias oportunidades el fiscal y las querellas requirieron a la jueza la indagatoria de los funcionarios y nunca fue admitida.
Una pericia demostró que la noche del accidente se permitió que en el sobre piso haya más gente de la permitida, y ello cedió lo que provocó la caída del mismo.
Además, se tuvo en cuenta que el local estaba habilitado sólo para fiestas privadas, y no como local bailable. A tal fin se determinó que se vendían entradas, y que el lugar promocionaba los eventos.
Sobre los funcionarios pesan las sospechas por las
irregularidades en la habilitación. Incluso, una ex funcionaria declaró que había
aconsejado a Farrell no otorgar la licencia para funcionar el lugar, pero el
mismo no fue tenido en cuenta.
Tras la negativa de indagar a los funcionarios, las querellas y el fiscal Madrea apelaron ante la Cámara del Crimen.