La Defensoría de Casación Penal bonaerense reclamó ante la Legislatura provincial la creación de un comité contra la tortura y la puesta en funcionamiento de la policía judicial, como medidas para reducir los malos tratos en cárceles bonaerenses.
El reclamo fue formulado por Mario Cariolano, que preside el mencionado organismo, al exponer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja bonaerense.
Según el último informe dado a conocer en julio último por el organismo, durante 2017 se registraron 682 casos de torturas y tratos inhumanos cometidos por policías o agentes del Servicio Penitenciario bonaerenses.
El relevamiento detalla que el total de denuncias llega a 733 cuando se le suman los indicadores “agravamiento de las condiciones de detención”, “causa fraguada/prueba falsa” y “obstaculización de la defensa”.
Del total de los 682 hechos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 456 fueron cometidos por policías, 163 por penitenciarios y 63 por agentes de otras instituciones.
La modalidad más repetida detectada el año pasado por la Policía fueron golpes (383 casos); mientras que se relevaron 5 casos de asfixia, 6 de quemaduras, 2 de picana, 1 de abuso sexual y 7 de agresiones con proyectiles.
En cuanto a los casos del Servicio Penitenciario, la modalidad más repetida son los golpes (119 casos) y se detectaron 45 hechos de aislamiento como modo de tortura, 5 de quemaduras, 1 de asfixia y 6 de agresiones con proyectiles.
Coriolano pidió a los diputados la conformación del Comité Provincial Contra la Tortura, que a nivel nacional fue creado por la Ley 26.827 en 2012 pero recién se puso en funcionamiento en diciembre pasado.
Según informó la Defensoría de Casación en un comunicado, en la Legislatura bonaerense existe un proyecto presentado por la radical Liliana Denot, integrante de la comisión, que adhiere a la norma nacional.
En la iniciativa se establece que el mecanismo local tendrá como objetivo la sistematización de información sobre personas privadas de su libertad y el diseño de políticas para la prevención de la tortura.
Otro eje de reclamo de la Defensoría fue la plena implementación de la Policía Judicial ya que, sostuvo Coriolano, “era imprescindible en un sistema acusatorio tener investigadores propios. Si los defensores no tenemos un cuerpo propio la selectividad en la investigación la sigue manejando la policía”.
En diciembre, la Legislatura sancionó una nueva ley de Policía Judicial, que deroga la 14.424, votada en 2012 y nunca puesta en funcionamiento, con el objetivo de cumplir con la manda Constitucional del artículo 166 que impone al Poder Legislativo la obligación de organizar esta fuerza pública.
Coriolano también remarcó la necesidad de “encontrar un modelo de defensa pública independiente” y añadió que “en esto la ley 14.442 significó un paso adelante pero fue parada por la anterior Procuradora y todavía sigue sin implementarse”.
La norma también sancionada en 2012 detalla el principio de autonomía de la Defensa Pública y en su artículo cuarto expresa que “gozará de autonomía funcional, independencia técnica y autarquía financiera”.
Por último, el organismo dependiente del Ministerio Público propuso la creación de un Comité de Encuestas, con el fin de documentar la tortura y sus consecuencias, y emitir informes públicos, realizar inspecciones a cárceles y comisarías, y recibir pruebas de testigos.
