Una mujer fue condenada por la justicia a pagar 600.000 pesos en concepto de gastos por el juicio que le inició por alimentos a su ex marido y padre de su hijo, pero además la misma jueza civil que firmó la sentencia le prohibió “publicitar información del contenido” de la causa, en otra decisión polémica.
El dictamen fue realizado por Juzgado Civil de Familia N° 76, a cargo de la jueza Martha Gómez Alsina. De acuerdo a las fuentes, la jueza desestimó el pedido iniciado por Andrea Lupetti porque supuestamente realizó el reclamo fuera de los plazos establecidos.
A raiz de ello, resolvió que la demanante deba hacerse cargo de los gastos de los abogados de ambas partes y de todos los trámites judiciales desde que arrancó en 2014 el pedido de alimentos contra Alejandro Fisscher, según surge de la resolución judicial.
En el fallo se menciona que el convenio original de alimentos entre las partes fue en el año 2000, y que la mujer demandó recién en 2014, fuera de los plazos que establecen las normas y por lo tanto la condenan a pagar las costas del juicio.
“En el 2013 se hizo una mediación, pero él (su ex pareja) no se presentó; por lo que inicié una demanda presentando como prueba documental un convenio de alimentos que firmamos en 2000”, explicó Lupetti.
La jueza dijo entonces que “la causa debía tramitar como incidente de aumento de cuota alimentaria, porque ya había un convenio entre las partes a cumplir”, siguió la mujer.
“Tanto la jueza de Familia como la defensora de Menores dieron valor a ese convenio y lo citaron, pero cuando (la otra parte) debía presentarse a ratificar el contenido y reconocer su firma, el expediente misteriosamente desapareció del Juzgado”, agregó.
Lupetti explicó que “recién entre 2015 y 2016” pudieron “reabrir la causa desaparecida, en la que se pidió cuatro veces alimentos provisorios y tardaron tres años y medio en dar el aumento de la cuota”, pero Fisscher “aún no cumple y sólo deposita una parte”.
“Esto es muy grave, el padre de mi hijo debe una suma altísima de alimentos de la que jamás se ocupó y cuando se presentó la liquidación que tenía que pagar pidió la prescripción de la causa por el transcurso del tiempo que pasó”, continuó.
Y cuestionó: “nunca puede prescribir un convenio de alimentos pactado hasta la mayoría de edad, cuando mi hijo aún es menor y el trámite comenzó cuando él tenía 13 años”, indicó Lupetti.
En ese sentido, la demandante aclaró que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2014 donde, según indica, en estos casos no debería correr la prescripción.
A partir de las declaraciones vertidas por Lupetti, y el estado público que tomó la causa, la jueza Alsina emitió otro inédito fallo el 12 de marzo pasado en el que obliga a Lupetti a “abstenerse de publicitar información del contenido de las mismas así como también efectuar imputaciones y falsedades respecto del personal del Juzgado”. Según la jueza, “ante la disconformidad contra la resolución dictada en autos existen las vías recursivas previstas en el Código Procesal de la Nación”.
A raiz de ello, la demandante realizó una denuncia en la Cámara Nacional de Apeleciones en lo Criminal y Correccional N° 49 contra el juzgado de Alsina por “abuso de poder, mal desempeño de las funciones, incumplimento de los deberes de funcionario publico, acoso sexual de un empleado y entorpecimiento de la justicia”. También pidió se investigue un posible cohecho”.
Fisscher figura como monotributista con ingresos de 15.000 pesos ante la AFIP, pero en un medio local y en un audio grabado y presentado ante la Justicia asegura ser socio de un country en el partido bonaerense de Guernica.
