8 de marzo: políticas públicas para la equidad de género según CIPPEC

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En la Argentina más de la mitad de los embarazos no son intencionales. El 55% de los embarazos en mujeres adultas (más de 20 años) es un embarazo no intencional. La cifra trepa a 67% en madres adolescentes (15 a 19 años): casi siete de cada diez embarazos adolescentes no fueron planificados. Nueve de cada diez adolescentes que fueron madres en 2017 pertenecen al 30% más pobre de la población. Estos datos revelan que en la Argentina los derechos sexuales y reproductivos están vulnerados y que este problema debe ser abordado por la política pública, destaca un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

La discusión sobre la conveniencia, utilidad y factibilidad de una política pública debe estar basada en evidencia. Debe contar con datos para un efectivo diagnóstico, trazar objetivos y estrategias para lograrlos, y luego evaluar su impacto. Para este ejercicio es de utilidad conocer las experiencias internacionales y encontrar esquemas de aplicación en el contexto local.

El aborto es la principal causa de muerte materna en nuestro país. El 17,6% de las mujeres embarazadas que falleció en 2016 murió como resultado de un embarazo terminado en aborto. Para debatir sobre su despenalización es imprescindible hacerlo con evidencia, más allá de los valores morales y religiosos que formen parte legítimamente de la discusión, dice el CIPPEC .

La evidencia recogida de los países que despenalizaron esta práctica indica que la despenalización no eleva las tasas de aborto y tampoco las baja. Pero la despenalización sí genera un marco que facilita las oportunidades de prevención. En los países donde se despenalizó, la reducción en la tasa de abortos fue consecuencia de mejoras en las prestaciones de salud sexual y reproductiva.

El debate en torno a la despenalización del aborto en nuestro país debe ser abordado desde un marco amplio, que incluya la efectiva implementación de políticas que garanticen los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas que hoy están siendo vulnerados. En este sentido, la discusión sobre la despenalización del aborto en la Argentina -según CIPPEC- debe fundarse en al menos tres pilares:

1. Mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva: en particular, a través de la consejería en salud sexual y reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos modernos (con énfasis en aquellos de larga duración como el DIU o implante subdérmico) y la delegación de funciones en las obstétricas para que sean habilitadas a colocar o implantar estos métodos a nivel nacional;

2. Fortalecer el acceso a la información para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos: a través de campañas comunicacionales de sensibilización y, para el caso de los adolescentes, de las asesorías en salud integral en las escuelas (Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia) y de la Educación Sexual Integral;

3. Promover políticas públicas para prevenir el abuso y la violencia sexual (especialmente contra niños, niñas y adolescentes).

Esta estrategia debería ir acompañada por una mirada aún más integral: la de la igualdad de género. Las condiciones económicas, laborales y domésticas de las mujeres hoy en nuestro país están en profunda desigualdad respecto de los hombres, sin distinción de clase social, aunque con mayor impacto en las mujeres de los estratos más vulnerables. Esta realidad afecta sus posibilidades de educación, de inserción laboral y de crecimiento económico. Lejos de ser un problema exclusivo de las mujeres, la menor participación de las mujeres en la vida pública afecta el desarrollo económico, político e intelectual de la Argentina.