Niegan prisión domiciliaria a ex jefes policiales detenidos por coimas en La Plata

180

La Justicia penal de La Plata negó la prisión domiciliaria a los ocho ex jefes policiales detenidos por recaudar dinero ilegal en las comisarías de la capital provincial, informó una fuente judicial.

La decisión la adoptó el Tribunal Oral Criminal 3, que no hizo lugar al pedido de morigeración de las condiciones de detención que habían solicitado las defensas de los ex policías.

Se trata del ex titular de la Departamental La Plata, Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj y el ex jefe de calle, Ariel Huck.

El pedido de los abogados fue rechazado también para los ex comisarios Sebastián Cuenca (de la 3ra. de Los Hornos), Raúl Frare (de la 12da. de Villa Elisa), Sebastián Velázquez (de la 2da. de Barrio Norte) y Julio Sáenz (de la 6ta. de Tolosa).

La causa por la que están detenido los ex policías se inició el 1 de abril de 2016, cuando una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la departamental de Seguridad de La Plata recaudaba alrededor de 200.000 pesos por mes de coimas.

A partir de allí, se realizó un procedimiento solicitado por el fiscal penal Marcelo Martini en la Departamental ubicada en la calle 12 entre 60 y 61 de La Plata, donde se secuestraron 36 sobres con 153.700 pesos en total y en cada uno de ellos estaba escrito de qué repartición provenían.

El 11 de julio último, la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia elevó la causa a juicio oral y acusó a los ex jefes policiales por el delito de “asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión (coimas)” mientras que María de los Ángeles Ramírez, una oficial que se desempeñaba como administrativa en la Departamental, fue acusada de “encubrimiento agravado”.

La jueza dio por acreditado que entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 “un grupo de al menos seis policías integraron en forma organizada una asociación con el propósito de cometer delitos en el ámbito de la jefatura en la que prestaban servicios”.

Garmendia consideró que se recaudaba dinero en forma ilegal con la participación de policías de diferentes dependencias de la jurisdicción “que luego lo entregaban a la jefatura departamental y lo distribuía de acuerdo a la jerarquía que ocupaban”.

En su fallo, sostuvo que del operativo participaban 13 comisarías de La Plata y la división Patrulla Motorizada “quienes solicitaban y exigían la entrega de distintas sumas de dinero a comerciantes, por ejemplo, a cambio de seguridad o funcionar sin habilitación o a personas para vender estupefacientes”.

Entre ellos, cita el caso de una remisería que pagaba 300 pesos por semana o de un supermercado que entregaba mil pesos, ambos para garantizar la seguridad en sus comercios.

Para Garmendia, los jefes policiales integraban una “organización con permanencia y estructura jerarquizada con férreas normas de funcionamiento interno donde el poder decisorio recae en la cúpula”.

Consignó también que el dinero que se les exigía a los comerciantes se obtenía “valiéndose del temor funcional que reviste el cargo policial” y detalló que los ingresos de los jefes de las comisarías que iban a entregar los sobres con dinero “no se registraban en el libro de guardias de la Departamental”.