A raíz de una de investigación realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia ordenó allanar 45 domicilios vinculados a un grupo dedicado a proveer de facturas electrónicas falsas a más de 3500 contribuyentes por un monto aproximado de $ 4000 millones.
Los operativos se realizan en Puerto Madero y Gran Buenos Aires en domicilios de los titulares de este grupo que habría llevado a cabo la operatoria en todo el país.
Esta asociación ilícita captaba personas de bajos recursos y las inscribía como contribuyentes utilizando sus datos para generar comprobantes apócrifos de facturación.
A partir de allí, se ofrecía el servicio a distintos contribuyentes del barrio de Puerto Madero – principal radio de influencia de la organización- cobrando un porcentaje del monto de la facturación, cuyos pagos eran simulados por cheques que luego se cambiaban en una financiera del microcentro porteño. En la causa interviene el Juez Federal de Quilmes, Luis Armella.
