La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando desde principio de año la implementación de un régimen carcelario en el centro cerrado Virrey del Pino. Recientemente la justicia constató la grave situación pero el Organismo de Niñez, responsable de gestionar este lugar, sigue sin dar respuestas que la reviertan. Esta semana, la CPM realizó una inspección que volvió a corroborar estas denuncias.
En el año 2014 la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había denunciado el convenio que transformaba la mitad del centro cerrado Virrey del Pino en una alcaidía del Ministerio de Justicia.
Bajo este acuerdo, el Servicio Penitenciario Bonaerense asumió la seguridad perimetral e inició su definitiva intervención del lugar. En ese momento, se advirtió que el proceso de carcelización de estos espacios aumentaría las violaciones a los derechos humanos y dejaría a los jóvenes en una situación de mayor desprotección.
Desde entonces, a través de distintas inspecciones realizadas por el equipo del Comité contra la Tortura de la CPM, se constató el gradual corrimiento por parte del Organismo de Niñez, permitiendo la implantación de lógicas carcelarias desde el control penitenciario de los espacios.
En febrero, la CPM presentó un hábeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías del Joven N 1 de La Matanza denunciando la gravedad de la aplicación de estas lógicas dentro del centro cerrado. Esta carcelización se tradujo en prácticas de aislamiento permanente, torturas físicas y psicológicas, tercerización de la violencia en los jóvenes y régimenes de vida alejados del fin reeducador de la pena. Prácticas propias de las cárceles de adultos, en las cuales la gobernabilidad penitenciaria se ejerce a través de la administración del castigo y la sumisión permanente de las personas.
En base a estas reiteradas denuncias, el Juzgado solicitó diversas pericias que constataron los extremos denunciados, pero aun así el Organismo de Niñez nunca respondió los requerimientos judiciales ni concurrió a las audiencias fijadas, demostrando una indolencia y desinterés que atentan contra los principios republicanos de gobierno. Mientras tanto las condiciones de encierro se agravaron como se constató en una nueva inspección de la CPM realizada este martes.
La persistencia de estas graves violaciones de derechos humanos, pese a las reiteradas denuncias y presentaciones, dan cuenta de la falta de decisión institucional de revertir la situación. La ausencia de decisiones políticas claras y un programa integral de trabajo para el lugar complejiza y dificulta su funcionamiento; los roles de los empleados del Órgano de Niñez y los funcionarios penitenciarios se desdibujan provocando tensiones y desacuerdos institucionales —intencionales o no— que recaen sobre los jóvenes detenidos.
En ese sentido, el proceso de carcelización ha provocado la generación de espacios violentos por parte del SPB. El último de esos hechos ocurrió dos semanas atrás, donde un joven recibió 28 puñaladas por las cuales tuvo que ser intervenido en el hospital más cercano.
Este escenario autogenerado es utilizado por el Órgano de Niñez para justificar la necesidad de entregar la administración del lugar al SPB. Al mismo tiempo, en función de los graves hechos que ocurren, se alimenta la idea de que se trata de jóvenes muy peligrosos o problemáticos cuya única posibilidad es ser alojados en una cárcel. Sin embargo, no se diseñan dispositivos que cumplan con la manda legal de brindar espacios educativos, de formación laboral, recreativos o de abordaje terapeutico individual o familiar, los que sin duda modificarían esta realidad.
La reproducción y sostenimiento de las malas condiciones de detención, mala o deficiente alimentación, aislamiento y falta total de actividades, producen un sistema que sostiene prácticas constitutivas de torturas y malos tratos.
Frente a esta situación, reclamamos la intervención urgente del Órgano de Niñez para hacerse responsable de la administración y funcionamiento total del Instituto Virrey del Pino, promover una efectiva aplicación de la ley de promoción y protección de los derechos del niño y de la ley de responsabilidad penal juvenil y apartar al SPB de toda tarea vinculada con el centro cerrado.
