La Cámara Nacional en lo Criminal confirmó la prisión preventiva de uno de los policías de la Ciudad acusado de integrar una asociación ilícita dedicada a exigir dinero a comerciantes de los barrios porteños de Núñez y Saavedra a cambio de seguridad, en el marco de la misma causa en la que se encuentran detenidos los ex jefes policiales José Pedro Potocar y Guillermo Calviño.
La medida quedó firme luego de que la Sala VII de la Cámara rechazara el pedido de excarcelación presentado por la defensa del policía Sergio Gabriel Ríos, sindicado como quien retiraba el dinero que entregaban los comerciantes y trapitos a cambio de protección de parte de la seccional 35.
Para los camaristas Mariano Scotto y Mauro Divito, si Ríos recupera la libertad podría entorpecer el avance de la investigación que lleva adelante el juez de Instrucción Ricardo Farías y el fiscal José María Campgnoli.
Ese riesgo “justifica mantener el encierro cautelar al menos de momento”, consignó la resolución del tribunal.
La Sala VII reseñó en su fallo que Ríos “habría sido el encargado de recaudar las sumas de dinero de los comerciantes, las que entregaba posteriormente al comisario de la seccional 35, Norberto Villarreal, actualmente rebelde”.
Scotto y Divito evaluaron también que otros policías que declararon como testigos expresaron sus temores por eventuales represalias, ya que recibieron amenazas luego de brindar datos que perjudicaron a Ríos.
En el marco de esta causa fue detenido hace una semana Calviño, quien fue jefe de la Policía Federal de la Ciudad en la etapa de transición hasta la división de la fuerza y la creación de la Policía de la Ciudad,
En tanto, está procesado con prisión preventiva el ex jefe de la Policía de la Ciudad, Potocar, mientras que el comisario Villareal, acusado de ser uno de los principales responsables de la maniobra criminal, permanece prófugo desde hace meses y tiene orden de captura nacional e internacional.
La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida el año pasado en el Ministerio de Seguridad, que alertaba sobre el presunto cobro de coimas por parte de efectivos de la seccional 35a. a partir de la llegada de Villareal en enero de 2016.
Al allanarse la comisaría y los comercios afectados, los pesquisas se hallaron comprobantes de aportes a la “Asociación Amigos de la Comisaría 35”, que habría sido una de las formas de canalizar las coimas.
Según la investigación judicial, los imputados de menor rango respondían a las órdenes de Villarreal y obtenían dinero de los “trapitos” para dejarlos trabajar y de comerciantes y empresarios para darles “seguridad”.
Luego, siempre según la pesquisa llevada adelante por la fiscalía, el comisario distribuía las coimas entre sus superiores, de lo cual llevaba anotación en un cuaderno que fue secuestrado en la seccional.
