Gils Carbó firmó un convenio de cooperación con la Guardia di Finanza de Italia

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La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, firmó esta tarde un convenio de colaboración con las máximas autoridades de la Guardia Di Finanza (GdF) italiana, fuerza de seguridad que desarrolla tareas de policía judicial especializada en el ámbito económico y financiero, y que es una referencia a nivel mundial en materia de investigación de la criminalidad económica.

El convenio establece como objetivos centrales la promoción y realización de actividades de capacitación y formación técnica para los integrantes de cada una de las instituciones, así como el intercambio de información en el marco de investigaciones de criminalidad económica y financiera. El documento preve además el intercambio de experiencias en relación con la gestión y análisis de la información “con el propósito de comprender la evolución de distintos fenómenos de criminalidad económica y fìnanciera y la consecuente planificación de estrategias de persecución penal de estos delitos”.

Durante el encuentro, la Procuradora General destacó la importancia de la cooperación internacional en la persecución de la delincuencia organizada transnacional y la criminalidad económica.

La GdF estuvo representada por su Comandante General, Giorgio Toschi; el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, Ricardo Rapanotti; el jefe de la oficina del Comandante General, Germano Caramignoli; y el agregado de la GdF en Argentina, coronel Paolo Brucato. Asimismo, participaron de encuentro la embajadora de Italia, Teresa Castaldo, y el ministro Plenipotenciario, Stefano Canzio.

Conformada por cerca de 68.000 efectivos, la Guardia di Finanza forma parte de las Fuerzas Armadas de Italia, y es una referencia a nivel mundial en materia de investigación de la criminalidad económica. Está desplegada en toda la península italiana, e interviene especialmente en investigaciones vinculadas a contrabando, tráfico internacional de droga, criminalidad financiera, blanqueo de capitales y lavado de activo, evasión impositiva, controles aduaneros, inmigración clandestina, falsificación de dinero, operaciones anti-mafia, financiación del terrorismo internacional y criminalidad informática.