La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , acordó ayer con los principales bloques del Senado avanzar con la modificación de la ley 24.660, de ejecución penal, para impedir las salidas transitorias y anticipadas de quienes cumplan condenas por delitos graves y de índole sexual.
“Es una ley de mucha importancia para la seguridad de los ciudadanos”, afirmó Bullrich al término del encuentro que mantuvo con legisladores de Cambiemos y del Frente para la Victoria (FPV). “Un delito va a tener una pena, no media pena”, sentenció la ministra.
Según manifestó la funcionaria, en la reunión surgió el compromiso de sancionar en breve el proyecto del diputado radical Luis Petri. “Según los senadores, esta ley va a ser votada la semana próxima”, aseguró.
En la misma sintonía se manifestó el jefe de la principal bancada de la Cámara alta, Miguel Pichetto (FPV-Río Negro): “Nosotros apoyamos la modificación de la ley 24.660 y existe la voluntad política de tratarla la semana que viene”.
En un contexto en el que hubo protestas en varias cárceles federales ante la posibilidad de su sanción, el proyecto comenzará a ser discutido hoy, a las 11, en la Comisión de Justicia del Senado, con la presencia de más de una veintena de especialistas invitados, entre los que estará Bullrich.
Aprobado en noviembre pasado por la Cámara de Diputados, el proyecto fue reactivado a pedido del Gobierno luego de la conmoción social que generó el asesinato, en Gualeguay, de Micaela García a manos de Sebastián Wagner, un condenado por violación que había sido beneficiado con la libertad condicional por el juez de Entre Ríos Carlos Rossi. La clave de la iniciativa está en su artículo 30, que modifica el 56 bis de la ley 24.660, ampliando la lista de delitos que no gozarán de los beneficios del período de prueba ni de salidas anticipadas de los que hoy pueden gozar los condenados.
En la nómina de delitos que quedarán excluidos figuran el homicidio simple, la tortura seguida de muerte, las condenas por narcotráfico. Además, se extiende la restricción a todos los delitos contra la integridad sexual (los comprendidos en los artículos 119 al 128 y el 130 del Código Penal) y al robo con arma, en banda y en despoblado.
En un claro intento por limitar la discrecionalidad de los jueces de ejecución se incorpora un párrafo en el cual se establece que “el fin y la justificación de la pena es la protección de la sociedad frente al crimen” y la participación de las víctimas o sus familiares en las audiencias para definir la eventual salida anticipada de un condenado.
Bullrich también salió al cruce de las quejas sobre constitucionalidad que ha generado el proyecto desde que, la semana pasada, se conoció la decisión del Gobierno de impulsar su sanción. “Es más constitucional que la pena se cumpla”, afirmó la ministra durante la conferencia. “Estaríamos incumpliendo la Constitución si no damos seguridad a la sociedad”, agregó.
Bullrich fue muy crítica con la ley vigente al destacar que su aplicación ha llevado a que “muchos (condenados) no vuelven” de sus salidas transitorias. “La ley se ha convertido en una acortamiento de la pena”, sentenció. También fue clara en cuanto al apoyo del Poder Ejecutivo Nacional, al destacar que el texto del proyecto cuenta con el respaldo de su cartera y de la de Justicia, que encabeza su par Germán Garavano.
