Para la Comisión por la Memoria, las muertes en la comisaría de Pergamino son responsabilidad del estado provincial

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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) responsabilizó al gobierno provincial por las muertes de siete jóvenes privados de su libertad en la comisaría primera de Pergamino.

“Las únicas causas de este lamentable hecho son el sobrencarcelamiento y el hacinamiento en el que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia, producto de una política criminal”, dice el comunicado difundido por la CPM.

“El colapso del sistema penal que vulnera sistemáticamente los derechos de las personas es evidente y exige un contundente cambio de rumbo. Hacen falta reformas institucionales urgentes: democratización de las fuerzas de seguridad, implementación de la policía judicial, creación del mecanismo provincial de prevención de la tortura, autonomía de la defensa pública y una reforma legal profunda que adecue la normativa procesal penal a los estándares de derechos humanos”, amplía.

Frente a la muerte de siete jóvenes en la comisaría primera de la localidad bonaerense de Pergamino, la CPM exigió a la autoridades provinciales “asumir su responsabilidad, ordenar una investigación profunda de los hechos y clausurar, de forma inmediata, todos los calabozos de las comisarías de la Provincia”.

“Estas muertes son muertes anunciadas. No son las primeras y se repetirán si no se adoptan medidas urgentes”, se indicó desde la CPM.

Desde hace años la CPM viene denunciando esta situación ante la justicia argentina y en los organismos internacionales.

A principios de 2015, la CPM presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el estado de hacinamiento y superpoblación y la práctica sistemática de la tortura en las comisarías bonaerenses.

Esta presentación fue avalada por el organismo que ordenó al estado provincial una inmediata respuesta. En diciembre de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia avaló estas denuncias en un informe contundente sobre la situación.

Según las cifras presentadas en el X informe Anual de la CPM, El sistema de la crueldad, durante el año 2015, la superpoblación en comisarías alcanzó, en algunos casos, un 500%. La situación general hoy para toda la provincia indica que sobre un total de 1060 camastros hay más de 3.000 detenidos.

Cuando en diciembre de 2015 el nuevo gobierno provincial, a pocos días de asumir, declaró la emergencia penitenciaria y en materia de seguridad, una vez más la CPM volvió a advertir que lo que estaba realmente en emergencia en la provincia eran los derechos humanos. Algo similar había hecho el gobierno de Daniel Scioli un año antes y también los gobiernos que lo precedieron.