Una causa penal que data del año 2008 pero que los procesamiento fueron dictados en a fines del 2016 desnuda el entramado de corrupción donde se ven involucrados los jefes policiales y los manteros de Once, pero también las cuevas donde se venden los celulares robados y las coimas a los comerciantes.
El procesamiento data del 26 de diciembre último contra los comisarios, Claudio Lucione y Osvaldo Tapia quienes para el juez Hernán López no pudieron justificar su patrimonio: uno tenía un yate en Cariló y el otro una casa en la misma ciudad balnearia.
En el fallo al que accedió Online-911 se describe con lujos de detalles como era el accionar de la comisaría 7ma, con jurisdicción en el barrio de Once, donde tanto manteros, como comerciantes y las cuevas donde se vende celulares robados debían pagar coimas a la brigada y de ahi hacia arriba.
El juez de Instrucción señaló: “En su calidad de miembros de la Policía Federal Argentina –más precisamente en el momento en que cumplieron funciones en la Seccional 7ª- indebidamente sumas dinerarias de parte de distintos comerciantes de la jurisdicción de aquella Comisaría”
Esas coimas “eran cobradas por Pablo Aksiuk y/o personal de la Brigada de Prevención de la Comisaría 7ª de de parte de los comerciantes, en contra de su real voluntad, y a cambio de: más seguridad en la zona; permitir el libre comercio; y el permiso para el ingreso de mercadería ilegítima (vgr. ropa de marca falsificada, perfumes importados carentes de documentación respaldatoria, etc.) que luego era ofrecida a la venta”.
Pero los comerciantes no eran los únicos extorcionados: “Por otro lado, los vendedores ambulantes de la jurisdicción también entregaron dádivas a personal de la Brigada de la Comisaría 7a a cambio de permiso para vender sus productos en la avenida Pueyrredón, entre las calles Valentín Gómez y Bartolomé Mitre de esta ciudad, así como los que venden productos comestibles en las inmediaciones de la estación de ferrocarriles “Once de Septiembre”, y los que lo hacen los días de fin de semana”.
“Por último, también algunos comercios de venta de celulares, entregaron dinero a cambio de que los miembros de la P.F.A. se abstengan de detener a autores de sustracciones de aparatos de telefonía celular que lo hicieren en connivencia con ellos, y consecuente permiso para venderlos”, señala el fallo.
Según estimaciones no oficiales en diciembre la venta ilegal en CABA movilizó 2.152 millones de pesos y en todo 2016, 14.825 millones. Un cuarto de esas ventas se concentran en el Once (En diciembre 544 millones entre manteros y saladitas, y en todo el año 3760 millones), una caja que permitió a los comisarios enriquecerse.
