Fuente La Nación
La policía Silvina Santillán, de 36 años, había denunciado múltiples veces por violencia de género a su ex esposo, el comisario Ricardo Díaz. La justicia de Santiago del Estero le había dado una orden de restricción para acercarse al hogar. En abril, fueron los hermanos de la mujer quienes lo reportaron, en la seccional 47. Esa vez fue detenido, pero no duró mucho. No habían pasado 48 horas cuando Silvina se presentó en la Comisaría del Menor y la Mujer local para pedir que lo liberaran. Les dijo a las autoridades que en realidad no era un peligro, que había un problema de enemistad con sus hermanos. Ricardo fue excarcelado, esperó unos días, se dirigió a la casa de Silvina en un horario en el que sabía que estaría con sus hermanos y los mató a todos a balazos. Después se suicidó.
En muchos casos, los jueces toman en cuenta los pedidos de las víctimas para liberar a los agresores. Y si la denuncia fue presentada, pero no ratificada, en muchas comisarías los agentes desestiman los pedidos de las víctimas. “Es importante que la Justicia le crea a la víctima. Ese es el problema que tenemos, la falta de perspectiva de género”, dijo la fiscal porteña especializada en género Genoveva Cardinali que dirige el Observatorio Nacional de Violencia Doméstica, creado el año pasado dentro de la Fiscalía de la Ciudad.
Según los registros de las fiscalías, cada vez más mujeres acusan a sus parejas por violencia de género.
Sin embargo, no hay cifras oficiales sobre la cantidad que luego acude a los juzgados para pedir que se anule la investigación o liberen al detenido. El caso de Silvina Santillán es uno de los tantos que tienen lugar en todo el país, según revelaron fiscales, jueces y especialistas al diario La Nación. ¿Por qué se retractan las mujeres golpeadas y amenazadas? ¿Por qué no ratifican sus denuncias? ¿Por qué no respetan o renuevan las órdenes de exclusión? ¿Qué deberían hacer la Justicia y la Policía en estos casos?
El Ministerio Público Fiscal porteño informó que en la Ciudad se producen dos denuncias por violencia de género por hora y que cuatro de cada diez terminan en encarcelamientos. Pero no hay registro formal de la cantidad de mujeres que se retractan. Tampoco de las que denuncian pero no ratifican antes del plazo de vencimiento (30 días). Ni de aquellas que no renuevan las órdenes de exclusión del hogar, aunque sigan en peligro.
Claudia Schaefer tenía 44 años en agosto de 2015, cuando fue degollada por su marido, Fernando Farré. El domingo 2 lo había denunciado ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema tras un ataque.
La OVD calificó la situación como de “bajo riesgo” y derivó el caso al Juzgado Civil 106, cuya jueza subrogante, Marcela Somer, cuatro días después, excluyó del hogar a Farré y le impuso una prohibición de acercamiento a 300 metros. Además, ordenó a la Policía Metropolitana darle un botón antipánico a Schaefer y fijó una audiencia para el 14 de agosto, en la que se acordaron términos de la división de bienes y la cuota alimentaria de los hijos. El viernes 21 de agosto, cuando aún regía la orden de restricción, Claudia se reunió con Fernando en un country de Pilar. Él la asesinó frente a los abogados de ambos y a la madre de él.
Fiscales, defensores y jueces que trabajan con casos de violencia de género revelaron que las retractaciones son frecuentes.
Cardinali explicó que los motivos por los que las mujeres se muestran arrepentidas de sus denuncias o no hacen cumplir las órdenes de exclusión responden a distintos factores: psicológicos, de necesidad económica, porque reciben amenazas, y en muchos casos porque la Justicia no responde de manera adecuada.
Denise y José viven en San Luis. Empezaron a salir hace 9 años, cuando ella tenía 18. Desde entonces le pegó y la maltrató tantas veces que ya no las recuerda. La violó otras tantas. Un día la roció con keroséne, a ella, y a los tres hijos de los dos. Lo denunció en distintas comisarías. En total, más de cien veces. Obtuvo decenas de órdenes de exclusión del hogar. Pero siempre volvió con él. “En la policía ya no me creen. Se ríen. Me dicen, ¿otra vez acá vos?’; ‘¿Otra vez te pegaron? A vos te gusta que te peguen. Se burlan. Me hacen sentir incómoda”, cuenta.
Denise casi nunca ratifica sus denuncias, ni renueva las órdenes de exclusión. Cuando se le preguntó por qué, respondió: “No tiene solución. Si yo vuelvo es porque prefiero estar con él sexualmente, prefiero estar callada a que me mate, a tener hambre. Si yo me separo no tengo qué darle de comer a mis hijos”.
La violencia no se termina cuando la mujer denuncia y el agresor va preso. Muchas mujeres vivieron años encerradas, nunca trabajaron, nunca estudiaron. “La reacción de la mujer que padece estos tratos es cíclica: primero hay una acumulación de violencia que la lleva a denunciar. Después el agresor le pide perdón y la víctima le cree. Pero si acepta las disculpas es porque está condicionada por la dependencia económica, porque tienen hijos en común, porque ella no toma magnitud de la violencia. Y ahí se produce la retractación, que no debe dar lugar a la posibilidad de que se retire la acusación. Porque la violencia crece y por lo general, el hombre no cambia su conducta”, reflexiona Cardinali.
Carla Figueroa tenía 19 años cuando denunció por violación a su novio, Marcelo Tomaselli, en abril de 2011. Él quedó detenido. Poco después, ella pidió su libertad y apeló a la figura de ‘avenimiento’ del Código Penal, que liberaba a los violadores si sus víctimas accedían a casarse con ellos. Salió de prisión, se casaron y dos meses después, él la acuchilló. El femicidio ocurrió en General Pico, La Pampa, pero tuvo repercusión nacional. Incluso se le inició un jury al juez Carlos Flores, uno de los que liberó a Tomaselli (el magistrado fue absuelto). Y después de la muerte de Carla, se eliminó la figura de avenimiento.
Las denuncias por violencia doméstica suelen quedar caratuladas como “amenazas” u “hostigamiento”. Se trata de delitos de acción pública, en los cuales el Estado está siempre obligado a investigar. “La causa debe continuar aunque la víctima se arrepienta. Esto no depende de la voluntad del denunciante”, explicó la fiscal Cardinali.
Eva Giberti es la coordinadora del programa “Las víctimas contra las violencias”, que brinda asistencia telefónica y auxilio a través de patrullas “civiles” dentro de la órbita del Ministerio de Justicia.
En diálogo con La Nación dio cuenta de la situación: “Esto suele pasar. La víctima, toda golpeada, desestima la denuncia, pero lo hace por terror. Y hay muchos jueces que toman esas retractaciones como elementos a favor del agresor. Les diría a esos magistrados, que no son todos, que estudien, que se asesoren con un psicólogo antes de tomar sus decisiones”.
Para la fiscal fiscal adjunta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Daniela Bersi, las mujeres vulneradas no quieren denunciar o ratificar porque saben que difícilmente el ámbito penal pueda protegerlas.
“Hay una excesiva burocratización de los procedimientos legales y dificultades para investigar las complejas y crueles modalidades de esta violencia. Todo esto hace difícil sostener una causa en el tiempo. Cuando el Estado no responde en tiempo y forma a los compromisos internacionales, la violencia de género se convierte en violencia institucional”.
El juez provincial Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal agregó que los jueces, ante un arrepentimiento, deberían reabrir las causas y determinar si las retractaciones tienen “motivación sincera”. “Puede ocurrir que en una situación de dominación, por amenazas, temores y otros condicionamientos, la mujer se pueda retractar sin una motivación sincera. Pero estamos transitando delicados equilibrios, porque hay muchos casos de hombres que quedan detenidos y los jueces se basan sólo en la palabra de la mujer. Es muy difícil recoger elementos probatorios de lo que pasa dentro de la casa”.
El doctor Mario Coriolano, defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires y miembro del Comité Asesor de Derechos Humanos de la ONU, mostró su preocupación sobre la falta de estadísticas de casos de retractación. Después de 31 años de ejercicio en la defensa pública bonaerense, aseguró que “suele ocurrir que fiscales y jueces toman los pedidos de retractación a favor de los agresores”. “Es un tema importante, que hemos visto muchas veces en Defensa. Las mujeres que denuncian después vienen a pedir la libertad de sus maridos. Nosotros como defensores las derivamos a las fiscalías”.
Román De Antoni, integrante de la Defensoría de Casación Bonaerense y colaborador de Coriolano, destacó el fallo “Góngora” de la Corte Nacional, que prohibió a los jueces otorgar la “probation” (suspensión de juicio a prueba) en todos los casos de violencia de género. “Después de Góngora, difícilmente los jueces conceden libertades, aún cuando existen retractaciones o pedidos de las propias víctimas. Ahora hay más detenidos por estos delitos”, dijo.
Los expertos coincidieron en que la Justicia debería aplicar la perspectiva de género a la hora de decidir si hacer lugar o no a esos pedidos. De hecho, días atrás, en el marco de la masiva manifestación de mujeres en el Obelisco, la jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, “exhortó” a los jueces en ese sentido, a través de un video publicado en el Centro de Información Judicial.
En junio nevó en San Luis por primera vez en muchos años. Denise había dejado a su pareja una vez más, estaba sola y no tenía frazadas para abrigar a sus hijos. Se le ocurrió “pedir ayuda a la televisión”. María José Corvalán Frías, una conductora local, recibió su mensaje, la llamó, le consiguió abrigo.
Un día de finales de septiembre Denise fue a la casa de una amiga a lavar ropa. El clima era más amigable, tomaban mate y conversaban cuando escucharon la voz de José, que les gritaba desde afuera. Se quedaron calladas para que él creyera que no estaban. Él rompió la puerta. “Me golpeó, la golpeó a mi amiga porque lo quiso parar. Me arrastró afuera de los pelos y me tiraba puntazos a las costillas con un cuchillo”.
Por algún motivo, esa vez Denise se dio cuenta. “Me quería matar”.
Su amiga apretó el botón de pánico y llegó la policía. José corrió hasta la esquina, dobló y desapareció. Denise señaló por dónde se había ido. Pero los agentes no lo persiguieron. Se quedaron con ella y la increparon: para ellos, había apretado el botón de pánico demasiadas veces. “Ese día no lo persiguieron y después no hicieron más nada”. José estuvo preso en varias ocasiones: por narcotráfico, por robo, por posesión de armas. Nunca por violencia doméstica.
La TV local le hizo una nota sobre el ataque y Denise empezó a recibir ayuda: dinero, comida, contención. Entonces tomó la decisión de dejar a José “definitivamente”. Hizo una nueva denuncia y le dieron una nueva orden de exclusión del hogar. En diciembre es la fecha de vencimiento. Mientras tanto, está encerrada en su casa, en San Luis, con sus tres hijos. Sólo sale acompañada. Sabe que afuera hay una persona que -se lo dijo- quiere matarla.
