Fuente La Nación
Mendoza está convulsionada: dos sacerdotes y un empleado de un instituto para chicos con problemas auditivos severos fueron detenidos, acusados de haber abusado de menores internados en ese establecimiento que depende de la Arquidiócesis de la provincia.
La investigación, revelada ayer por una publicación del sitio periodístico Mendoza Post, aún está en su etapa inicial, y son pocos los detalles del caso que trascendieron hasta ahora. Sí se sabe que la causa se inició por instancias de una denuncia presentada por la senadora radical Daniela García; hasta ella llegó el viernes pasado, durante un acto, una integrante del Movimiento de Sordos de Mendoza, que a través de una intérprete pudo revelarle a la legisladora al menos un hecho del que ella había sido testigo.
Según reveló Mendoza Post, las detenciones se produjeron el viernes a la noche -después de que la testigo declarara por lenguaje de señas, asistida por una intérprete, ante un fiscal, una psicóloga y auxiliares de la Justicia, por disposición del Procurador General Alejandro Gullé. Los hechos habrían ocurrido a lo largo de los años en el Instituto para niños hipoacúsicos Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo, y algunas de las víctimas habrían sido menores de edad cuando ocurrieron los abusos sexuales.
De los sacerdotes, uno tiene 82 años y, por eso, se dispuso su arresto domiciliario. El otro párroco, en tanto, tiene 56 y quedará preso en un establecimiento carcelario, al igual que el civil, un interno del instituto Próvolo a quien, según fuentes de la investigación citadas por el diario digital Mendoza Post, los otros encausados habrían “obligado” a practicar las violaciones y felaciones. Los abusos habrían durado varios años.
Hasta anoche no había trascendido la identidad de ninguno de los tres detenidos, que estaban alojados en una seccional policial de la localidad de Carrodilla. Según informó, a los tres se les imputan los delitos de violación y abuso sexual.
Según publicó el portal de noticias MDZ Online, citando fuentes de la investigación, ninguno de los tres se resistió a la detención y “la gente del instituto cooperó en todo momento” ante el procedimiento.
Hasta el momento figuran en el expediente los testimonios de dos víctimas directas de los aberrantes hechos denunciados, pero los investigadores sospechan que pueden ser muchas más. Se cree que los abusos vienen desde, por lo menos, 2007. Entre las víctimas hay mujeres y también habría hombres. Muchos ya son adultos.
Comunicado del Arzobispado
Ayer, el Arzobispado de Mendoza emitió el siguiente comunicado relacionado con las acusaciones contra miembros del Instituto Próvolo: “Nos entristecen e indignan dichos sucesos. Manifestamos nuestra solidaridad y cercanía con las víctimas de los hechos objeto de la denuncia. Apenas conocida la noticia de estos sucesos fueron informadas las legítimas autoridades del Instituto (que es de Derecho Pontificio), quienes deberán iniciar el debido proceso canónico establecido por la Iglesia para estos delitos denunciados. En cuanto esté al alcance de este Arzobispado se brindará toda la cooperación que corresponda a las autoridades judiciales para el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados”.
El fiscal del caso es Fabricio Sidoti, que durante la última semana estuvo en el centro de la escena por los cuestionamientos a su actuación en el caso de Ayelén Arroyo, una chica de 19 años que fue asesinada en septiembre pasado por su padre, al que había denunciado de haberla sometido sexualmente desde que era chica. El hombre estuvo detenido un día tras esa denuncia, ya que Sidoti dictó una orden de exclusión del hogar; dos semanas después, acuchilló a su hija en venganza. El gobierno provincial pidió el jury de Sidoti, pero finalmente la denuncia fue desestimada por 13 votos contra 8.
Como se dijo, la pesquisa se desencadenó luego de que la senadora provincial García recibiera la revelación de una integrante del Movimiento de Sordos de Mendoza sobre lo que habría ocurrido, durante años, en el Instituto Antonio Próvolo, de gran prestigio en el país, propiedad de la Obra San José y cuyo responsable es, actualmente, el padre Ramón Amarilla.
“El caso no es fácil -señaló García al diario digital MDZ Online- porque, además del miedo que tenían los denunciantes, necesitaban comunicarse a través de un intérprete.” La joven debió repetir su relato ante intérpretes de la Justicia.
Una vez que en los tribunales se tomó conocimiento del caso, el procurador Gullé tomó cartas en el asunto “para que se actuara de la manera más rápida posible”, según explicó la senadora a la prensa.
Se supo que la primera denunciante relató que desde que era niña había sido testigo de los abusos, las violaciones y las prácticas de felación (sexo oral) durante años, según publicó Mendoza Post.
La chica dijo que ella no fue víctima de esos hechos. Pero a través de su testimonio las autoridades lograron dar con una persona que sí sufrió las violaciones en el instituto, donde las personas están en un régimen de internación. Se espera que entre hoy y mañana más personas se acerquen a la fiscalía para prestar declaración testimonial.
El caso se conoció sólo dos semanas después de que en Entre Ríos estallara un escándalo similar, con tres curas investigados por sendos casos de abusos contra menores; uno de ellos, ocurrido en Nogoyá, fue denunciado por dos monjas; el acusado es el cura “sanador” colombiano Juan Diego Escobar Gaviria.
