El juez federal de Salta Julio Bavio hizo lugar al pedido del fiscal federal Eduardo Villalba y del fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y convocó a prestar declaración indagatoria para el próximo 17 de noviembre al ex juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, por nuevos hechos descubiertos durante la investigación que ya lo llevó a juicio oral y público como jefe de una organización ilícita que favorecía a imputados por narcotráfico a cambio de coimas y dádivas. La nueva imputación contra Reynoso es por haber confeccionado a cambio de dinero el acta de declaración indagatoria de un imputado en una causa por narcotráfico.

El beneficiado era intensamente buscado por diferentes tribunales -incluso, por un homicidio- y nunca se presentó a declarar, aunque gracias al documento luego obtuvo la eximición de prisión. Además, el acusado tuvo un año de gracia, plazo que se tomó Reynoso para resolver su situación procesal en base al documento espurio.

El descubrimiento de la maniobra se realizó mediante un peritaje de las firmas del acta de indagatoria, que determinó que la rúbrica del imputado, el ahora detenido Delfín Reynaldo Castedo, era falsa.

El hecho también fue imputado por Villalba e Iglesias a la secretaria de Reynoso, Romina Carola Reynoso Sosa, imputada de haber dado fe de la presencia de Castedo durante el acto de defensa inventado. También, está imputado el defensor de Castedo, quien rubricó el acta en representación de su ausente asistido.

De tal forma, Reynoso será indagado por cohecho pasivo, prevaricato y falsificación de documento público, en tanto que Castedo será indagado por cohecho activo, al igual que su abogado, quien además deberá responder por la falsificación del acta de indagatoria.

Este hecho introdujo a la secretaria judicial Reynoso Sosa entre los sospechosos de integrar la asociación ilícita ya elevada a juicio, que involucra no sólo al ex juez sino a otros empleados del juzgado y a abogados que litigaban en el fuero. Villalba e Iglesias la acusaron en calidad de miembro de la asociación ilícita, de concusión -cobro ilegal de sumas por parte de un funcionario en provecho público- en tres hechos, de cohecho pasivo y de falsificación de documento público.

Reynoso le concedió dos pedidos de eximición de prisión al prófugo, pese a que la Cámara Federal de Salta había sostenido la orden de captura.

Cronología de una impunidad paga

El 28 de febrero de 2007, Reynoso ordenó la detención y la captura nacional e internacional de Castedo en el marco de una causa por tráfico de estupefacientes, que a esa altura llevaba casi un año de trámite. En la orden, el entonces juez puso de relieve que Castedo estaba además imputado en el fuero ordinario por el crimen de Liliana Ledesma.

El 29 de mayo de mayo de 2008, el entonces abogado de Castedo, Aldo Primucci, pidió la eximición de prisión. Ocho días después Reynoso concedió el pedido en un llamativa resolución que dio cuenta de que se le imputaban a Castedo los delitos de asociación ilícita, encubrimiento y lavado de activos. Señaló que “si bien es cierto que se encuentra prófugo con pedido de captura nacional e internacional, sin habérsele recepcionado la pertinente declaración indagatoria en autos y que no fijó domicilio legal en su presentación”, la “actitud” de presentar el pedido de eximición de prisión “nos da una clara y determinada voluntad de ponerse a disposición de la justicia”.

A instancias de la Fiscalía, aquella bochornosa resolución fue revocada por la Cámara Federal de Salta el 11 de septiembre de 2008 y, de esa forma, quedó vigente la orden de captura.

Reynoso dejó pasar nuevamente el tiempo. El 28 de febrero de 2013, más de cuatro años después, declaró en rebeldía a Castedo. Casi siete meses más tarde, el 4 de septiembre, un nuevo abogado defensor -el ahora imputado- presentó otro pedido de eximición de prisión, que nuevamente Reynoso le concedió el 4 de noviembre, pese a estar vigente la orden de la Cámara que, a esa altura, tenía más de cinco años de antigüedad.

El fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, pidió entonces el 3 de diciembre de 2013 que se cite a Castedo a prestar declaración indagatoria, acto que aún no se había producido.

El juez no llegó a convocarlo. Según quedó asentado falsamente en la causa, el 5 de diciembre de 2013 Castedo se presentó espontáneamente a la declaración indagatoria, negándose a declarar, en un acto del que participaron el juez, la secretaria Reynoso Sosa y su abogado.

Recién casi un año después, el 26 de noviembre de 2014, Reynoso resolvió la situación procesal de Castedo en base a la falsa declaración indagatoria. Lo procesó como autor material del “delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con encubrimiento calificado de lavado de activo de origen delictivo” y dispuso mantener su estado de libertad. Le impuso para eso la obligación de presentarse del 1 al 5 de cada mes ante “la Delegación de la Policía Federal Argentina de la Capital Federal”, una dependencia inexistente.

Durante cinco años, el ex juez federal de Orán omitió llamar a indagatoria al sospechoso. Tras un reclamo del fiscal para que lo citen, en el expediente se constató falsamente que el imputado se presentó de forma espontánea.

“Dos pesos pesados”

Castedo fue detenido recién el 22 de julio pasado, con el juez Reynoso ya fuera del Poder Judicial, y gracias a las tareas de búsqueda motorizadas por el fiscal Villalba y la Procunar.

Con Castedo preso, la Fiscalía pidió ampliar su indagatoria, lo cual se produjo el 2 de septiembre pasado. En ese contexto, el imputado desconoció su firma en la declaración indagatoria del 5 de diciembre de 2013 y dijo que nunca antes había declarado.

Así, se ordenó la realización de un peritaje cuyos resultados fueron informados por la Gendarmería Nacional el 21 de septiembre pasado. El estudio de las firmas arrojó que, efectivamente, era falsa la de Castedo inserta en aquél acta.

“Todo esto deja en evidencia que Reynoso sistemáticamente ha dictado resoluciones apartándose de las constancias de las causas y motivado por cuestiones evidentemente ajenas a las que se ventilan en el expediente judicial, para lo cual debió valerse de los distintos actores que forman parte de la organización criminal que lideraba”, indicaron los fiscales al evaluar este nuevo hecho.

“Más que una exigencia de dádiva de tipo extorsiva intermediada por alguno de los abogados conocidos hasta el momento o por el empleado judicial (Miguel Àngel) Saavedra, se advierte aquí una maniobra más bien de ‘negociación’ o ‘consenso’ entre el ex magistrado y el imputado”, concluyeron.

En efecto, los fiscales describieron que Castedo “no resulta un imputado más” pues se lo acusa de “liderar una de las estructuras de mayor envergadura de nuestro país y de mayor antigüedad” y de ser el “autor intelectual de un homicidio encargado para acallar a una mujer que se atrevió a denunciarlo públicamente”.

“Frente a Castedo, la figura de poder de Reynoso no era desproporcionada como en los otros casos que justificaron su sometimiento a proceso. El ex juez federal de Orán, mediante su ilícito accionar podía intimidar a otro perfil de imputados”, indicaron Villalba e Iglesias, y en ese sentido aseveraron que en esta causa confluyeron “dos pesos pesados”.

Por ello, explicaron los representantes del MPF, para esta maniobra fue necesario recurrir a un abogado que no pertenece al fuero salteño, y a la secretaria Reynoso Sosa, “único miembro de la organización que podía oficiar como fedataria del acto de falsedad al que tuvo que recurrir”, pues “ningún otro secretario del tribunal hubiera consentido en fedatar una audiencia inexistente”.

Una sucesión de indagatorias

La nueva ronda de indagatorias en la causa incluye a Delfín Castedo, quien fue llamado para el próximo 23 de noviembre imputado de haber consensuado la maniobra ilícita con el ex juez de Orán. En línea con diferentes pedidos de la Fiscalía, Bavio también dispuso recibirles ampliaciones de sus declaraciones indagatorias a los abogados Arsenio Eladio Gaona, Ramón Antonio Valor y María Elena Esper, el 9, 10 y 15 de noviembre, respectivamente, en una nueva causa impulsada por Villalba y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en la que se investiga si el juez habilitaba cupos para comercializar mercaderías de alto riesgo fiscal en la frontera norte del país a cambio de dinero y/o dádivas.  Los tres profesionales ya fueron enviados a juicio junto al ex juez por considerárselos miembros de la asociación ilícita que operaba en el Juzgado Federal de Orán para beneficiar a imputados por narcotráfico.

Reynoso, detenido con prisión preventiva, fue convocado para el 17 de noviembre y deberá afrontar en ese acto las imputaciones por su intervención en el otorgamiento de los cupos para comercializar como por su actuación en el caso Castedo. (fiscales.gob.ar)