“Estaba corriendo, cuando veo a un patrullero. Me recuesto en la calle y fue ahí cuando me tiraron con el móvil encima golpeándome la pierna derecha. Después se bajó del móvil un policía y me pegó dos veces en la cabeza. Luego me esposó. De repente miré y vi que había banda de gente. Cuando esa gente se me empezó a acercar el mismo policía les decía que yo robé y la gente me empezó a patear y ellos (los policías) no hacían nada. Yo que estaba esposado no me pude defender”.
La frase corresponde a una de las de las 347 denuncias formuladas en 2015 por niños, niñas y adolescentes respecto de hechos de violencia institucional a manos de fuerzas de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tuvieron, en total, 378 víctimas.
La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal general Miguel Palazzani, elaboró un informe cualitativo y cuantitativo sobre aquellas denuncias, y los comparó con los registros de 2013 y 2014.
El trabajo estuvo a cargo del área de Registros y Bases de Datos de la Procuvin, que coordina la socióloga Ana Laura López, y se basó en las denuncias penales realizadas por niños, niñas y adolescentes (NNyA) en la instancia de ingreso al Centro de Admisión y Derivación (CAD) de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).
El trabajo de sistematización realizado por la Procuvin estudia diferentes variables: desde las zonas de la ciudad que concentran más casos, la proporción de involucramiento en los hechos de las diferentes fuerzas de seguridad, el corte etario de las víctimas y los lugares, modos y especificidades de los hechos de violencia institucional.
La información revela que “casi en su totalidad las víctimas son varones” y que “el más joven fue un niño de 10 años de edad”. “Nueve de cada diez víctimas son de nacionalidad argentina y el 88% contaba con documento al momento de su detención”, indica. De las 378 víctimas, 346 eran varones (92 por ciento) y 32 mujeres (8 por ciento).
La Procuvin advierte que si se tiene en cuenta que las 347 denuncias refieren a 378 víctimas, “la multiplicidad de víctimas por hechos resulta escasa”, lo cual “denota la pronunciada asimetría y subordinación en el desarrollo de hechos de despliegue institucional agresivo, donde en general actúan dos o más funcionarios contra un niño/a”.
En comparación con 2014, durante el año pasado se registraron más denuncias con víctimas mujeres y más denuncias de personas menores de 15 años de edad.
La Policía Federal (PFA), indica el informe, es “la institución que reúne mayor cantidad de denuncias [7 de cada 10 víctimas] en las que se la señala a su personal como perpetrador de los hechos” y pone de relieve que “puede observarse una prevalencia” en los casos de las comisarías emplazadas en la zona sur de la ciudad.
Entretanto, “se registra un importante ascenso en el caudal de denuncias dirigidas al accionar de la Policía Metropolitana (+3%), que se torna significativo al considerar que esta fuerza sólo opera en tres comunas de la ciudad”. Entre ellas, la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios) “es la más mencionada en las denuncias por violencia institucional contra niños/as que involucran a la Policía Metropolitana”.
La Procuvin destaca que en algunos casos “pareciera que los funcionarios apuestan a la visibilidad de los hechos, apelando a la emotividad social punitiva que recae sobre los estereotipos que condensan el perfil de la ‘inseguridad’, promoviendo así cooperación y/o tercerización de la agresión por parte de la sociedad civil”.
Los porcentajes de involucramiento de las fuerzas de seguridad en las hechos, de acuerdo con las denuncias, son los siguientes: PFA, 78 por ciento; Policía Metropolitana, 12 por ciento; Prefectura Naval, 7 por ciento; y Gendarmería Nacional, 6 por ciento. Se registró además un 1 por ciento de hechos en los que intervino personal de seguridad privada. La suma de los porcentajes de cada fuerza es mayor al 100 por ciento pues hay casos en los que estuvo involucrada más de una fuerza.
Las tres comisarías de la PFA que registran mayor cantidad de casos son la 9na (Abasto), la 38va (Flores) y la 40ma (Parque Avellaneda), con 27, 17, y 15 casos respectivamente. Entre 2014 y 2015 la 9na duplicó la cantidad de denuncias.
La Procuvin aclara que la evolución interanual de denuncias entre diciembre 2014 y diciembre 2015 fue del doble y que “este dato debe leerse con cautela”, pues “al no ser una muestra probabilística y por ende representativa, no es posible saber con exactitud si el fenómeno se incrementó y si fueron mayores las capacidades operativas de la institución (CAD) en la radicación de denuncias y/o mayor el número de aprehensiones que conllevaron el ingreso de jóvenes al CAD”.
Las formas de la violencia
El informe destaca que “la casi totalidad de las víctimas [95 por ciento] incluyó en su denuncia el haber recibido golpes al momento de su detención”. También resalta que “entre las modalidades de violencia denunciadas con mayor frecuencia se encuentran la utilización de las esposas como instrumento de hostigamiento y producción de dolor, sufrimiento y daño”.
Al respecto, la Procuvin cita algunos testimonios de jóvenes: “Una vez que me detuvieron me pegaron en el patrullero, me ajustaron las esposas y uno de los polis me dijo que todavía las manos no se me ponían moradas”.
Las fuerzas de seguridad suelen utilizar los precintos plásticos para suplir a las esposas. La Procuraduría sostiene que el uso de estos elementos como “escarmiento” se opone al “uso racional de la fuerza promulgado en los diversos protocolos de actuación nacionales e internacionales, dado que, como puede observarse a través de los relatos su empleo está orientado a la producción de sufrimiento, excediendo sus funciones operativas para convertirse en una herramienta de castigo”.
Otro de los modos de ejercicio de la violencia es “el amedrentamiento con armas de fuego”, que constituye una “modalidad de amenaza al momento de la detención”. Uno de tantos testimonios citados en el informe refiere un simulacro de fusilamiento: “En el viaje me gatillan el arma, tiran para atrás una parte del arma y hacían que tiraban, yo escuchaba el tic-tic”.
La Procuvin también advierte sobre la modalidad del “juego entre el ocultamiento y la visibilidad que las fuerzas de seguridad realizan sobre sus prácticas violentas con los miembros de la sociedad civil”, y explica que en algunos casos los agresores intentan ocultar su actitud cuando entienden que corre riesgo “su margen de impunidad”, mientras que “en otros casos pareciera que los funcionarios apuestan a la visibilidad de los hechos, apelando a la emotividad social punitiva que recae sobre los estereotipos que condensan el perfil de la “inseguridad”, promoviendo así cooperación y/o tercerización de la agresión por parte de la sociedad civil, que en muchos casos confluye en estas prácticas en hechos en los cuales la fuerza no solo no inhibe su despliegue, sino que por veces lo habilita”.
En las denuncias también se registraron cuatro casos de tortura con aplicación de picana eléctrica y dos casos de utilización de gas pimienta. “Me dejaron esposado boca abajo en la caja de la camioneta y nos decían que nos iban a matar. Nos sacaban fotos, nos preguntaban cosas y nos picaneaban los brazos. También nos acercaban a la cara la picana haciéndola sonar cerca. Escuchaba los gritos de como picaneaban y le pegaban a mi compañero en la oscuridad”, cita la Procuvin el testimonio de un joven.
“En este contexto especial gravedad los casos en los que las víctimas -luego de ser derivadas a algún hospital público– debieron negar o simular no haber sido golpeados por los funcionarios policiales, dado que permanecieron todo el tiempo en presencia de los mismos agentes que ejercieron la agresión”, indica la Procuraduría, y marca al respecto la contradicción de esta práctica con el Protocolo de Estambul, que especifica la obligación de que las entrevistas entre médico y paciente sean confidenciales. “Nos llevaron al Hospital Piñero. En la ambulancia un gendarme nos dijo que no dijésemos nada de lo que había pasado porque sino iba a ser peor para nosotros. Cuando la médica nos preguntó si nos habían pegado, dijimos que no, pero porque estaba el gendarme al lado”, dice otro de los testimonios citados.
La Procuvin, por otro lado, resalta que de los 28 jóvenes que denunciaron haber sido trasladados e ingresados a alguna comisaría o garita durante 2015, 26 manifestaron que contaban con su documento de identidad al momento de ser detenidos.
“Ello significa que en la mayor parte de los casos la información disponible permitiría establecer que se trataba de una persona que no alcanzó la mayoría de edad y por ende que no se concrete el ingreso a las dependencias policiales no especializadas”, sostiene el informe, que incluso recuerda que el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad e Instituciones Policiales Nacionales en procedimientos en los que participen niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal en el ámbito territorial de la CABA que el agente de la fuerza de seguridad debe guiarse por una presunción de minoridad, es decir, que en aquellos casos donde no pueda constatar la edad del joven, se debe presumir que la persona es menor de edad. (fiscales.gob.ar)
Informe Violencia Policial Sobre Niños Niñas y Adolescentes 2015 Completo
