La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad advirtió hoy que los juicios por lo sucedido durante la dictadura siguen demorándose y que como consecuencia del paso del tiempo mueren “victimas, familiares e imputados”.
Al finalizar el primer semestre de este año, la Procuraduría detalló que “se registraron 539 causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país, en las que fueron imputadas 2.436 personas” y remarcó que “desde los primeros juicios orales en 2006 tras la reapertura de los procesos, se dictaron 163 sentencias en las que fueron condenados 689 acusados y resultaron absueltas otras 68”.
“Los procesados actualmente son 846, lo cual da una idea de lo que aún queda por juzgar”, señaló la repartición que está a cargo del fiscal general Jorge Auat y que coordina Carolina Varsky, publicado hoy en la pagina oficial del Ministerio Público Fiscal.
Según la información remitida por fiscales federales de todo el país, con el cierre de datos al 30 de junio, el ente advirtió sobre “los obstáculos que subsisten en los procesos” y señaló que “resulta preocupante su persistencia y en algunos casos su intensificación, luego de una década de juicios”.
En este nuevo reporte, la Procuraduría se detuvo sobre los factores que inciden en la demora de los procesos, cuyo indicador más relevante es la reducción en la cantidad de sentencias por año: “en 2016 sólo se dictaron nueve. En este contexto, menos del 30 por ciento de los condenados tiene sentencia firme y sólo 9 de 112 causas elevadas a juicio tiene fecha de inicio de debate”, se detalló.
“La consecuencia más evidente de estas demoras es la muerte de los actores del proceso. Es decir, de las víctimas, los familiares y los imputados, que en algunos casos fallecieron en el transcurso de un juicio postergado e interminable. En la megacausa ESMA Unificada, por ejemplo, de los 67 imputados iniciales 11 de ellos fallecieron durante el desarrollo del juicio”, remarcó la Procuraduría.
Tras señalar que “hay 376 causas en las que aún no se ha dictado sentencia”, detalló que “la diferencia entre imputados detenidos y libres es de 119: con prisión domiciliaria o en la cárcel suman 1056 personas -568 en cárceles, 462 en prisión domiciliaria, 8 en hospitales, 6 en dependencias de las fuerzas de seguridad y 12 sin datos- mientras que otras 937 están excarceladas y gozan de libertad”.
Según la Procuraduría “estas cifras desmienten afirmaciones que sostienen que a los imputados se los detiene sin excepción”, mientras que “hay, además, 48 prófugos” y “un 16 por ciento de los 2.436 imputados, es decir, 395, falleció”: 328 murieron sin ser sentenciados,
mientras que otros 67 fallecieron luego del dictado de su condena o absolución”.
“Estos diez años de justicia sostenida en el tiempo comienzan a mostrar algunos signos de ‘agotamiento’ o de ‘baja en el ritmo’ de las investigaciones” -dijo el informe-. Desde 2014 advertimos una baja en el ritmo de las sentencias obtenidas por año, que habían alcanzado un pico de 25 por año en 2012 y 2013″.
Actualmente están en curso 16 juicios con 269 acusados, de los cuales 168 están siendo juzgados por primera vez.
