El juicio oral comenzó el 24 de febrero de 2014, abarca a 17 acusados y Mathov es el principal de los apuntados, dado que su superior de aquel momento, el entonces ministro Ramón Bautista Mestre, falleció en marzo del 2013 y el ex presidente Fernando De la Rúa quedó sobreseído.
Por su parte, la querella unificada, representada por Rodrigo Borda del Centro de Estudios Legales y Sociales, en su alegato señaló la responsabilidad del gobierno de la Alianza en el accionar represivo de la Policía Federal sobre los manifestantes que protestaban contra el estado de sitio y por los asesinatos de Diego Lamagna, Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Gastón Riva y Carlos Almirón.
Borda solicitó al Tribunal, integrado por los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín, que condene a Mathov, y a los ex jefes de la Policía Federal Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero a entre 4 y 5 años de cárcel por considerarlos “responsables de la conducción, coordinación e implementación de la represión”.
Los integrantes de la fiscalía Mauricio Viera y Santiago Vismara reclamaron condenas de 5 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años para Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos.
Para el entonces superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, la fiscalía solicitó 3 años y ocho meses de prisión y para el ex director de Operaciones, Roberto Gaudiero, 3 años y seis meses de prisión.
A cada uno de ellos, los representantes del Ministerio Público Fiscal los halló como “autor penalmente responsable de homicidio culposo en cinco ocasiones; de lesiones culposas en perjuicio de 48 personas, y de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Además, la fiscalía requirió penas para los nueve integrantes del departamento de Control de Integridad Profesional de la Policía Federal, acusados de disparar escopetas cargadas con postas de plomo contra las personas que estaban ubicadas sobre la plazoleta de la calle Cerrito, entre Sarmiento y Perón, provocándole la muerte a Márquez y graves heridas a Martín Galli y a Paula Simonetti.
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— Agencia Télam (@AgenciaTelam) 22 de mayo de 2016
En el marco de este debate, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas que van entre los 2 y 16 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para los 17 imputados.
Sobre quienes recayeron los más importantes pedidos de condenas de la fiscalía –con penas que van entre los 16 y los 12 años de prisión- fueron los nueve policías que actuaron en la Avenida 9 de julio, comandados por Orlando Juan Oliverio, para quien solicitaron la pena de 16 años de prisión. En su alegato Borda aseguró que las penas solicitadas fueron “las más altas que permite” el Código Penal.
A lo largo de estas audiencias, el equipo fiscal buscó demostrar no sólo la responsabilidad de cada uno de los policías en la represión, sino que también procuró desestimar la estrategia defensiva desplegada por Mathov, que en todo momento aseguró haber estado ajeno a los hechos y descargó responsabilidad en su superior, el ahora fallecido Mestre.
