Si bien la orden de detención colectiva que dictó la jueza de garantías Marcela Garmendia, en la causa que investiga la aparición de 36 sobres con plata en un despacho de la Jefatura Departamental La Plata, no está firme, la defensa de cuatro de los acusados presentó un hábeas corpus ante la Cámara Penal, a través del cual denunciaron la supuesta ilegalidad del operativo en el que se reunió la prueba de cargo, que ahora intentan usar en su contra.
Según publica el diario El Dìa, la sola amenaza de que la Justicia ratifique lo actuado e imponga una medida privativa de la libertad, impulsó a que los abogados Ricardo Bianchi y Juan Di Nardo, que representan al ex titular de la dependencia, Darío Camerini; a quien fuera su segundo jefe, Rodolfo Daniel Carballo; al ex jefe de operaciones, Ariel Huck y al ex secretario, Walter Skarmowskyj, plantearan el recurso.
Concretamente, de acuerdo a voceros de tribunales, se mencionó que la Dirección de Asuntos Internos “se arrogó” facultades privativas del fiscal y del juez de la causa y que “realizó un allanamiento ilegal, sin orden pertinente”.
En la presentación se dijo además que “no hay elemento alguno que acredite que se encontró lo que se dice secuestrado ni que nada se pudo haber alterado”.
Para la defensa, “lejos de haber ordenado o autorizado dicho procedimiento -en relación al fiscal de la causa-, se limitó a receptar lo que se dijo secuestrado, sin advertir –ya no la falta de competencia de la Auditoría-, sino además, la inexistencia de la necesidad y de la urgencia y la omisión de que los sobres que se le entregaran no hubiesen sido de algún modo preservados de manera que se garantizara la cadena de custodia”.
También se marcó que la intervención administrativa violó la garantía de juez natural: “De ser la diligencia sorpresiva e, independiente de la investigación iniciada, como algunos quieren hacer creer, se hubiese debido anoticiar al juez competente que, por cierto, no era la titular del Juzgado actuante”, explicó una fuente del caso.
“La orden administrativa fue dispuesta el 30 de marzo y su efectivización el 1º de abril. En esas fechas estuvieron de turno el Dr. César Melazo y el Dr. Fernando Mateos, respectivamente. Pero nadie los convocó”, detalló el informante.
Fue a partir de estas consideraciones que se pidió que se decrete la nulidad de todo lo actuado y que se dejen sin efecto las órdenes de detención ordenadas en el expediente, al margen de que todavía está sin resolverse las apelaciones contra la denegatoria de eximición de prisión.
En cualquiera de los dos supuestos, los que deben zanjar este conflicto serán los integrantes de la Sala III, que fue la que tocó en sorteo.
