Por Germán Montenegro[su_quote]El autor es Decano de la Facultad de Gestión de Organizaciones (UMET). Ex Director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. [/su_quote]
Quedó atrás el tiempo en que intendentes y concejales podían reclamar a la provincia o la nación que resuelvan la inseguridad en sus ciudades. La introducción de las policías locales y las exigencias sociales los arrojó al centro del polvorín, con una antorcha en la mano. Y como un funcionario bueno para las excusas rara vez es bueno para algo más, si quiere sortear las crisis asociadas a la seguridad y al orden público, deberá modificar estructuras y abordajes tradicionales.
En el pasado, en general la política cayó en la trampa de la urgencia. Optó por respuestas circunstanciales, simplistas y a veces solamente cosméticas. Como el tema asusta, históricamente muchos políticos salieron corriendo a acordar con la policía: les garantizan medios materiales y los “dejan hacer”, mientras que los otros se comprometen a garantizar el control de la calle. La fórmula tradicional con la que se manejó recurrentemente la seguridad.
Así, ante una crisis, campaña electoral o inicio de gestión, había que comprar patrulleros, armar cuadrículas, sembrar cámaras y designar funcionarios con pinta de duros y el vocabulario de Harry “El Sucio”. La puesta en escena dura poco y el delito reaparece, lo que empuja una reacción más espectacular, en la forma de purgas y un nuevo ciclo de frustraciones se inicia.
Eso ocurre al atender este fenómeno social y político de complejidad mayúscula con soluciones simples y, por cierto, de una calidad democrática pobrísima. El resultado es un cuento conocido. Ante un caso de gatillo fácil, un acto criminal sombrío o una ola de delitos, los funcionarios salen de apuro, se chocan entre sí, buscan culpables y soluciones mágicas. Siempre se dispone de un jefe policial para echar a la parrilla y salir del paso. Y, con suerte, llega otro hecho de inseguridad resonante que tapa el anterior.
Pero, a la vuelta de los años y las experiencias, está claro que la seguridad pública no se resuelve fácilmente, ni en poco tiempo. Puede haber discurso belicista, pero no hay guerra que termine con la criminalidad, ni pócimas mágicas o chamanes contra la inseguridad. Se trata de un esfuerzo permanente y sistemático del Estado y la sociedad por intentar prevenir y mantener dentro de límites tolerables la delincuencia y sus consecuencias.
Mal que les pese a quienes sólo saben gestionar lo fugaz, a este problema complejo le corresponden soluciones complejas, razonadas y de largo aliento en el marco de la legalidad democrática. Mirando las experiencias del pasado, la nueva Biblia municipal debería rezar: la política —y no la policía— es la responsable de la seguridad pública. Y por eso debe ganar soberanía sobre estos asuntos. No se trata de desmerecer a la institución policial, sino de colocarla en su lugar correcto: es un instrumento estatal, uno más, del que dispone la sociedad para garantizar la seguridad pública.
La responsabilidad de la seguridad pública y la existencia de las policías locales requieren capacidad técnica por parte del Gobierno municipal para trazar cuadros de situación delictiva, diseñar estrategias y herramientas de gestión, supervisar el desempeño del personal, incorporar tecnologías y conducir políticamente a la fuerza en el cumplimiento del mandato político. Por lo tanto, los municipios deberán desarrollar áreas de gobierno específicas y formar funcionarios civiles especializados. O no, y pueden optar por la opción tradicional: sentarse a esperar las crisis, las protestas y, con una situación desmadrada y el agua hasta el cuello, suplicar al Gobierno nacional que venga a apagar el incendio con la Gendarmería.
Hará falta una tarea poco marketinera y, en algún punto, en conflicto con los modos de hacer política en esta era, de claro dominio de lo efímero. Habrá que asumir que la inseguridad no se resuelve con la inmediatez que reclama la televisión o Twitter.
Sin embargo, en relativamente poco tiempo se puede empezar a alcanzar una capacidad de gestión que permita administrar la seguridad y tratar las situaciones complejas que seguramente se presentarán. Si se hacen bien las cosas, también en poco tiempo el Gobierno local podrá trazar un mapa de la problemática concreta en su jurisdicción. Lo que le va a permitir interactuar con la sociedad y conducir a la policía sobre bases adecuadas a la realidad. Los dirigentes con mandato popular deben diseñar estrategias de seguridad pública, dirigir a la policía y no ser dirigidos por ella.
Habrá que ver hasta dónde estos intendentes y concejales están dispuestos a hacerse cargo del desafío de garantizar una seguridad más efectiva en el control del delito, pero también cada vez más democrática, al conducir a la Policía y asegurar la protección de los derechos de los ciudadanos.
